La Corte Suprema de los Países Bajos obliga al gobierno a revisar la política de exportación de armas F-35 a Israel
La Corte Suprema de los Países Bajos dictó el viernes que el gobierno debe reevaluar las políticas de exportación de componentes de aviones de combate F-35 a Israel, para asegurarse de que no se utilicen en violaciones del derecho internacional.
El fallo de la corte se produjo tras una demanda presentada por tres organizaciones de derechos humanos neerlandesas a finales de 2023, alegando que el envío de estas piezas convierte a los Países Bajos en "cómplices de crímenes de guerra" cometidos en Gaza, lo cual es vehementemente negado por Israel.
La Corte Suprema no impuso una prohibición permanente, pero otorgó al gobierno un plazo de seis semanas para realizar su evaluación independiente, manteniendo la congelación de las exportaciones durante este período.
La corte también rechazó la apelación presentada por el gobierno neerlandés, que había argumentado que "la política exterior es competencia del gobierno y no de los tribunales".
Este fallo es la culminación de un largo proceso judicial. En febrero de 2024, un tribunal de apelaciones ordenó detener los envíos de piezas de repuesto, citando una "clara probabilidad de violación del derecho internacional", después de que el tribunal de primera instancia en La Haya inicialmente rechazara imponer la prohibición.
El asesor legal de la Corte Suprema ya había emitido en noviembre pasado un dictamen consultivo en el que instaba a rechazar la apelación del gobierno.
Los Países Bajos ocupan una posición delicada en este asunto, ya que albergan uno de los tres depósitos regionales de piezas de repuesto de los aviones F-35 de Estados Unidos. Los abogados del gobierno argumentaron que "imponer una prohibición sobre el transporte desde los Países Bajos sería en realidad irrelevante ya que Estados Unidos enviará las piezas de todos modos".
Este fallo forma parte de una postura más amplia de los Países Bajos hacia el conflicto. En agosto pasado, los Países Bajos y Suecia instaron a la Unión Europea a "suspender el acuerdo comercial con Israel".
En una carta conjunta, los países instaron a la UE a "imponer sanciones a ministros israelíes extremistas que apoyan actividades de asentamiento ilegales en Cisjordania", advirtiendo sobre las consecuencias del proyecto de asentamiento "E1" que "representa una violación flagrante del derecho internacional y elimina la perspectiva de una solución de dos estados".
También describieron la situación en Gaza como "extremadamente repugnante e intolerable, donde las palabras no pueden describirla", y pidieron "endurecer las sanciones contra los líderes de Hamás, y que el movimiento se retire del poder en Gaza y desarme".
Este desarrollo se produce tras un creciente consenso internacional sobre la responsabilidad de Israel, ya que todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, excepto Estados Unidos, reconocieron que la hambruna en Gaza es "una crisis provocada por el hombre", advirtiendo que "el uso del hambre como arma en la guerra está prohibido por el derecho internacional humanitario".
