Túnez: Tribunal estudia apelación de la sentencia de muerte contra un ciudadano por publicaciones en "Facebook"
Los tribunales en la corte de apelación de la gobernación de Nabeul, Túnez, se preparan para celebrar una segunda sesión para considerar la apelación de la sentencia de muerte emitida contra el ciudadano Saber Chouchane, en un caso que ha suscitado un amplio debate legal y de derechos humanos debido a publicaciones en la red social "Facebook".
La corte de primera instancia en Nabeul había dictado la semana pasada la pena de muerte para Chouchane tras ser condenado por cargos relacionados con "atentar contra el presidente de la república y la seguridad del estado", donde la fiscalía le imputó cargos de "difundir noticias falsas dirigidas a un funcionario público, y realizar un acto ofensivo hacia el presidente de la república, y el atentado con la intención de cambiar la forma del estado" debido a publicaciones en las que criticó al presidente Kais Saied.
En este contexto, la abogada Leila Haddad, defensora de Chouchane, reveló los pasos que se están tomando para apelar la sentencia. Dijo en una declaración exclusiva a los medios de comunicación este lunes: "Ha comenzado los procedimientos para apelar la sentencia de muerte emitida por la sala penal del tribunal de primera instancia de Nabeul, el miércoles pasado, contra Chouchane debido a publicaciones en las que criticó al presidente tunecino Kais Saied".
Haddad agregó en su declaración: "Ella espera que se fije una sesión de juicio de apelación para su cliente en la que se anule la sentencia de muerte que describió como "sin precedentes e injusta"".
Por su parte, el abogado Osama Boutlija, quien también es parte del equipo de defensa del acusado, explicó las bases legales sobre las que se fundamentó la sentencia, señalando que Chouchane "fue juzgado de acuerdo con el artículo 72, el decreto 54 y el artículo 67", afirmando que "la corte eligió aplicar la pena más severa, que es la pena de muerte".
Se considera que la sentencia de muerte es excepcional en casos de opinión, ya que el artículo 72 de la ley tunecina establece que "será castigado con la pena de muerte quien cometa un atentado con la intención de cambiar la forma del estado, o incitar a los ciudadanos a atacarse entre sí con armas y provocar disturbios, asesinatos y saqueos en el territorio tunecino". Por otro lado, el decreto número 54 establece "cárcel de 5 años y una multa para quien sea condenado por difundir 'rumores o información engañosa'", con el aumento de la pena "si se trata de difundir ofensas contra un funcionario público".
La sentencia contra Chouchane ha suscitado una ola de críticas en los círculos de derechos humanos, legales y mediáticos, que consideran que "no se ajusta a la naturaleza de los cargos imputados y constituye un precedente peligroso que amenaza la libertad de opinión y expresión en Túnez".
Además, abogados y políticos han afirmado que el acusado "no representa ningún peligro para el estado, y no tiene influencia mediática o política", dado "su nivel educativo limitado y el bajo número de seguidores en las redes sociales", considerando que el caso "refleja un aumento en el uso del decreto 54 para perseguir a los críticos".
