Jueza impide la decisión de Trump de enviar la Guardia Nacional a Chicago

En un desarrollo legal crucial que profundiza la división entre la administración del presidente estadounidense Donald Trump y las autoridades locales en el estado de Illinois, la jueza federal de Chicago, April Perry, emitió una decisión para suspender temporalmente la orden presidencial que ordena el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago y sus suburbios.

La jueza afirmó en su fallo que las circunstancias en Illinois no alcanzan el nivel de "insurrección" que justifica el uso de las facultades de la Ley de Insurrección de 1807, que permite al presidente utilizar tropas federales para amenazar el orden público o hacer frente a una rebelión a gran escala.

En el texto de la decisión, la jueza Perry añadió que no encontró pruebas convincentes de una amenaza real a la seguridad del orden en el estado, señalando que el Departamento de Seguridad Nacional no presentó evidencia que demuestre la incapacidad de las autoridades estatales o del municipio de Chicago para mantener el orden.

También destacó que el despliegue de tropas en un entorno urbano con alta tensión podría llevar a un aumento de la violencia en lugar de calmarla.

El presidente Trump había emitido una orden la semana pasada para enviar alrededor de 500 soldados de la Guardia Nacional a la región metropolitana de Chicago bajo el título de "Operación de Seguridad Especial para proteger la propiedad federal de inmigrantes indocumentados y elementos destructivos".

Las tropas ya habían llegado la mañana del jueves a los suburbios de la ciudad, mientras que las autoridades del estado de Illinois se apresuraron a presentar una demanda urgente contra el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional, pidiendo la suspensión inmediata de la orden, que describieron como "inconstitucional" y "un exceso de poder".

El equipo de defensa del estado de Illinois afirmó que la decisión de la Casa Blanca no tiene un carácter de seguridad tanto como es una medida política destinada a reforzar el discurso duro de Trump contra la inmigración antes de las próximas elecciones primarias.

Los funcionarios locales consideraron que el despliegue de la Guardia Nacional sin la aprobación del gobernador constituye "un grave exceso en la separación de poderes", lo cual fue respaldado por la jueza Perry en su decisión, considerando que "la administración Trump no está por encima de la ley".

Por su parte, la administración estadounidense criticó la decisión de la jueza y describió el fallo como "lamentable", asegurando que las autoridades federales procederán a apelar el fallo ante la corte de apelaciones federal en Chicago, anticipando una audiencia preliminar la próxima semana.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó en un comunicado que las tropas enviadas a Chicago estaban encargadas de asegurar los edificios de la Agencia de Inmigración y Aduanas después de recibir amenazas "inminentes" de "grupos extremistas".

La decisión de enviar la Guardia Nacional a Chicago refleja la escalada en el debate político estadounidense sobre las facultades del presidente para desplegar tropas dentro de los estados, un tema sensible que se remonta a los eventos de las protestas de "Las vidas de los negros importan" en 2020, donde Trump amenazó con tomar medidas similares en otras ciudades como Portland y Seattle.

La actual batalla podría intensificarse a medida que se acercan las elecciones presidenciales, ya que algunos ven que Trump intenta utilizar una política de seguridad estricta para aumentar su popularidad entre su base conservadora.

Se espera que la decisión de suspender el despliegue de tropas dure dos semanas, con una nueva audiencia programada para el 22 de octubre para determinar si se extenderá la suspensión o se levantará.

Mientras tanto, alrededor de 500 soldados de la Guardia Nacional permanecerán en sus bases dentro del estado de Illinois, sin poderes ejecutivos hasta que se emita un fallo final.

Los expertos legales ven que el caso podría convertirse en una gran batalla constitucional entre la Casa Blanca y los estados, y podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos si la administración continúa implementando su política de seguridad.