Controversia en Irak sobre el ayuno de Ramadán: las detenciones entre la ley y la constitución
February 27, 202668 VistasTiempo de lectura: 2 minutos
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Con el inicio del mes de Ramadán, varias provincias iraquíes han sido testigos de campañas de seguridad para monitorear a los que rompen el ayuno en lugares públicos, lo que ha generado un amplio debate entre quienes lo ven como una protección de la santidad del mes y un mantenimiento del orden público, y quienes lo consideran una violación de las libertades constitucionales individuales.
El Ministerio del Interior emitió directrices para prohibir la manifestación del rompimiento del ayuno durante el día, que incluye tanto a ciudadanos como a residentes extranjeros, obligando a restaurantes y cafeterías a abstenerse de servir comida antes del iftar, y encargando a equipos de inspección el seguimiento de la implementación.
La ley y los delitos flagrantes
En las provincias del sur, las campañas han resultado en la detención de decenas de personas y el cierre de algunos establecimientos infractores.
El experto legal Ali Al-Tamimi indicó que el artículo 240 del Código Penal iraquí permite la prisión o multa a quienes violen una orden emitida por una autoridad competente, señalando que los casos de rompimiento del ayuno en lugares públicos se consideran "delitos flagrantes", lo que permite la detención inmediata con la posibilidad de liberación bajo fianza.
Preocupaciones de derechos y pluralidad social
Por otro lado, activistas han expresado su preocupación de que las campañas puedan poner a algunos trabajadores extranjeros y no musulmanes en una situación injusta, sin verificar sus antecedentes religiosos o sus condiciones de salud.
El activista Wissam Al-Abdallah consideró que el respeto por Ramadán debe ser promovido a través de la concienciación comunitaria, no mediante detenciones masivas, instando a establecer directrices que consideren la diversidad del pueblo iraquí y sus múltiples religiones y sectas.
El equilibrio entre el orden público y la libertad de creencias
Algunas quejas se refieren a la dificultad de probar las excusas legítimas, lo que crea desafíos para las autoridades entre aplicar la ley y proteger los derechos constitucionales.
La constitución iraquí establece la protección de la libertad de pensamiento, conciencia y creencias, y garantiza la igualdad ante la ley sin discriminación por motivos de religión, secta o nacionalidad, lo que impone una gran responsabilidad a las autoridades para lograr un equilibrio entre el orden público y la dignidad de los individuos.
