Protestas violentas en Indonesia: Quema de edificios parlamentarios y muerte de tres personas en Makassar

Varios lugares en Indonesia experimentaron una ola de protestas violentas el sábado, que incluyeron disturbios y quema intencionada de edificios parlamentarios en tres regiones, un día después de la muerte de tres personas en la ciudad de Makassar, en un aumento sin precedentes de las protestas que comenzaron en la capital, Yakarta, a principios de semana.

Según medios locales, los manifestantes incendiaron sedes parlamentarias en Nusa Tenggara Occidental, la ciudad de Pekalongan en Java Central, y Cirebon en Java Occidental, en medio de un caos que llevó a la policía a usar gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes.

En la ciudad de Cirebon, el sitio "Detik.com" informó que los manifestantes irrumpieron en el edificio del parlamento y saquearon su contenido, mientras que las autoridades no han emitido ningún comentario oficial hasta ahora sobre estos eventos.

Las protestas, que comenzaron en oposición a los altos salarios de los diputados, se intensificaron considerablemente tras el incidente de la muerte de un motociclista atropellado por un coche de policía en Yakarta, lo que provocó una ola de ira popular.

El jefe de policía Listyo Sigit Prabowo declaró el sábado que el presidente Prabowo Subianto ordenó tomar medidas estrictas contra quienes describió como "violadores de la ley", en un intento por contener la crisis.

En Makassar, la capital de la provincia de Sulawesi del Sur, la manifestación del viernes se convirtió en enfrentamientos sangrientos, que resultaron en la muerte de al menos tres personas y cinco heridos, según informó la agencia de gestión de desastres, que señaló que algunas de las víctimas murieron después de quedar atrapadas dentro del edificio del parlamento en llamas, mientras que otros resultaron heridos al intentar saltar por las ventanas para escapar del fuego.

Estos desarrollos ocurren en un momento sensible para el presidente indonesio, que enfrenta una gran prueba política después de menos de un año en el cargo, en medio de llamados de derechos humanos para responsabilizar a los responsables del uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.