Con un presupuesto récord y una amplia campaña de seguridad... la administración Trump redefine el panorama de la inmigración en América
December 21, 2025301 VistasTiempo de lectura: 5 minutos
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El presidente estadounidense Donald Trump se prepara para abrir un capítulo más estricto en el tema de la inmigración irregular con la llegada del año 2026, a través de un paquete de financiamiento sin precedentes y una amplia expansión de las operaciones de seguimiento y detención, en un movimiento que los observadores consideran que tiene dimensiones electorales tanto como refleja un profundo cambio de seguridad y político.
Según lo informado por la agencia Reuters, Trump decidió seguir adelante con la expansión de la campaña de deportación masiva de inmigrantes, a pesar del aumento de la oposición popular y política, justo cuando se acercan las elecciones de medio término del Congreso el próximo año, en las que los republicanos buscan mantener su mayoría.
Despliegue en el terreno y escalada temprana
En los últimos meses, la administración estadounidense ha enviado elementos de aplicación de la ley de inmigración a grandes ciudades, donde han llevado a cabo redadas en vecindarios y han tenido enfrentamientos con los residentes, en escenas que han suscitado un amplio debate sobre los límites del uso de la fuerza y las facultades de las agencias federales.
A pesar de realizar redadas notables dentro de empresas y oficinas, las autoridades han evitado en gran medida apuntar a las grandes granjas y fábricas de peso económico, conocidas históricamente por depender de mano de obra inmigrante sin estatus legal.
Un salto financiero sin precedentes
El cambio más notable se encuentra en el financiamiento. La Agencia de Aplicación de la Ley de Inmigración y Aduanas y las Patrullas Fronterizas recibirán asignaciones adicionales de hasta 170 mil millones de dólares hasta septiembre de 2029, en comparación con sus presupuestos anuales actuales que rondan los 19 mil millones de dólares.
Este salto se produjo tras la aprobación por parte del Congreso, dominado por los republicanos, de un paquete de gasto masivo en julio pasado, lo que otorgó a la Casa Blanca un amplio margen financiero para implementar su agenda estricta.
Fuentes de la administración estadounidense indican que el plan incluye la contratación de miles de nuevos elementos, la apertura de centros de detención adicionales y el uso de cárceles locales para albergar a los inmigrantes, además de establecer asociaciones con empresas privadas para mejorar las capacidades de seguimiento y detención.
Repercusiones políticas internas
En un indicio de creciente descontento popular, la ciudad de Miami eligió la semana pasada a su primer alcalde demócrata en casi 30 años, en una ciudad que se considera una de las más afectadas por las políticas de inmigración, dada su significativa población de inmigrantes.
Además, otras elecciones locales y encuestas de opinión han mostrado un aumento de la preocupación, incluso entre votantes conservadores, sobre los métodos que se describen como violentos o que exceden los límites legales en el manejo del tema de la inmigración.
“Militarización de los vecindarios”
El estratega republicano moderado Mike Madrid afirma que lo que está ocurriendo “ya no se ve como un asunto de inmigración tanto como una violación de derechos y procedimientos legales, y una militarización de los vecindarios fuera del marco constitucional”, advirtiendo que este camino podría convertirse en una carga política para Trump y su partido.
El apoyo popular a Trump en el tema de la inmigración ha disminuido del 50% en marzo pasado al 41% a mediados de diciembre de este año, en medio de imágenes circulantes de elementos federales encapuchados utilizando gas lacrimógeno dentro de los vecindarios y deteniendo a ciudadanos estadounidenses por error.
Costo social y económico
En el terreno, las repercusiones de la campaña han comenzado a hacerse evidentes. Algunas empresas han cerrado sus puertas para evitar redadas o debido a la disminución del número de clientes, mientras que padres amenazados con la detención han mantenido a sus hijos alejados de las escuelas o han recurrido a vecinos para llevarlos, por miedo a ser detenidos.
La preocupación ha llegado al punto de que algunos ciudadanos estadounidenses ahora llevan sus pasaportes dentro del país, por temor a que se cuestione su identidad.
Los datos de la Agencia de Aplicación de la Ley de Inmigración y Aduanas indican que el 41% de aproximadamente 54 mil personas detenidas hasta finales de noviembre no tienen antecedentes penales, excepto por infracciones relacionadas con la inmigración.
Un enfoque que va más allá de los irregulares
Las medidas no se han limitado a los inmigrantes indocumentados. También se han producido detenciones de inmigrantes legales, incluidos cónyuges de ciudadanos estadounidenses durante las entrevistas para obtener la residencia permanente, y personas que estaban a punto de obtener la ciudadanía estadounidense, además de la cancelación de miles de visas estudiantiles.
Mientras Trump justifica estas políticas por la necesidad de detener lo que él describe como “el caos” que se vivió en la frontera durante la administración de su predecesor Joe Biden, sus críticos consideran que Estados Unidos está entrando en una fase sin precedentes de endurecimiento de la inmigración, que podría redefinir la relación entre el estado y los inmigrantes, y poner a prueba severamente los conceptos de derechos y libertades dentro de la sociedad estadounidense.
