Reanudación de los salarios de los jubilados militares en Siria: una prueba de gobernanza y un equilibrio entre derechos y responsabilidad

Después de meses de espera y debate, el gobierno sirio anunció pasos concretos para reanudar el pago de los salarios de los jubilados militares congelados desde la caída del régimen de Assad, en una decisión que toca las heridas de miles de familias y pone a prueba la capacidad del nuevo estado para abordar el legado complejo de años de guerra.
El Ministro de Finanzas, Mohamed Yaser Barnieh, confirmó que los pagos se reanudarán tras completar la auditoría necesaria, señalando la formación de comités judiciales y de derechos en las provincias para estudiar los archivos de los jubilados después de 2011. Es importante señalar que la decisión excluye a aquellos a quienes “se les mancharon las manos con sangre”, mientras que se preservan los derechos de los demás en los aumentos que se aprobaron durante el período de suspensión de los salarios.
Este paso no ha surgido de la nada, sino que ha llegado tras crecientes presiones de los jubilados que fueron privados de sus salarios a pesar de haber contribuido con aportes de seguros durante sus años de servicio.
El manejo de este asunto conlleva dimensiones legales y de derechos complejas. La jubilación es un derecho adquirido que solo se pierde con una sentencia judicial definitiva; esta problemática plantea una pregunta fundamental sobre el papel de los comités administrativos frente a la justicia en la determinación de la inocencia o culpabilidad.
El ministro Barnieh no pasó por alto el aspecto económico más amplio, ya que reveló un plan para abordar otros archivos financieros pendientes, incluyendo acuerdos fiscales, evasión fiscal y préstamos morosos, a través de soluciones que consideren las circunstancias de los afectados sin perjudicar los derechos de los bancos.
Este paso representa más que simplemente el pago de derechos financieros; es una verdadera prueba de la capacidad del nuevo gobierno para lograr un equilibrio difícil entre la justicia para los jubilados que sirvieron al estado y la responsabilidad para aquellos que cometieron violaciones, así como la estabilidad financiera en un país que enfrenta desafíos económicos graves y la confianza en las instituciones emergentes.
El que tenga éxito en esta prueba reintegrará a miles de familias en el ciclo económico y fortalecerá la legitimidad del estado basado en el imperio de la ley. En cambio, el fracaso avivará las injusticias y debilitará la confianza en las instituciones. El camino hacia la reconciliación nacional pasa por un tratamiento justo y completo de tales archivos espinosos.