China y Rusia buscan reconfigurar el mapa geopolítico mundial, ¿cuáles son las medidas?

El proyecto "Fuerza Siberia 2" para importar gas ruso representa el último eslabón en la creciente cooperación entre Pekín y Moscú. Este enorme proyecto, que añadirá más de 40 millones de toneladas anuales de gas natural, convertirá a China en el mayor importador de gas ruso, superando así la dependencia tradicional del mercado europeo, que era el principal consumidor de las exportaciones energéticas rusas antes de la guerra en Ucrania.
El mensaje geopolítico aquí es claro: mientras Estados Unidos continúa su esfuerzo por consolidar su hegemonía en el mercado energético global, China elige fortalecer sus alianzas alternativas.
El momento no fue una coincidencia. La decisión de China de aumentar su dependencia del gas ruso llega después de que la administración Trump impusiera aranceles generales, y la respuesta de Xi Jinping fue imponer tarifas al gas natural licuado estadounidense. Estos movimientos reflejan el aumento de las tensiones entre las dos potencias, y su impacto directo en los mercados energéticos globales.
Esta cooperación chino-rusa representa un desafío directo a la estrategia estadounidense. Mientras Washington busca aislar a Rusia económicamente, Pekín le ofrece a Moscú una salida vital para sus exportaciones de energía. Los analistas de Bernstein prevén que el gas ruso cubrirá el 20% de las necesidades de China para la década de 2030, en comparación con el 10% actual.
Sin embargo, esta asociación no está exenta de desafíos. Rusia podría verse obligada a aceptar precios bajos que se acerquen a los niveles del mercado interno chino, lo que debilitaría su viabilidad económica. Además, el largo plazo para la ejecución del proyecto -previsto para después de 2030- deja espacio para muchas variables geopolíticas.
El mensaje más claro llegó con la importación por parte de China de su primer cargamento de gas natural licuado del proyecto Ártico 2, que está sujeto a sanciones estadounidenses. Este paso representa una prueba explícita de la voluntad de la administración Trump para aplicar sanciones, y confirma que Pekín no permitirá que las presiones estadounidenses determinen sus opciones energéticas.