Un tribunal estadounidense detiene la decisión de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento por cuarta vez

En un nuevo desarrollo legal que representa un fuerte golpe a la agenda del presidente estadounidense Donald Trump, un tribunal federal emitió el jueves 7 de agosto una decisión que detiene la ejecución de su orden ejecutiva que restringe el derecho a obtener la ciudadanía estadounidense por nacimiento a nivel nacional.

La jueza federal Deborah Boardman, del tribunal de distrito en Greenbelt, Maryland, emitió este fallo en el marco de una demanda colectiva que incluía a niños nacidos en Estados Unidos que se iban a ver privados de la ciudadanía bajo la nueva orden ejecutiva.

Trump había emitido esta directiva en su primer día en el cargo, el 20 de enero de 2025, donde ordenó a las agencias federales no reconocer la ciudadanía de ningún niño que nazca en territorio estadounidense a menos que al menos uno de los padres tenga la ciudadanía estadounidense o una residencia permanente legal.

La decisión provocó una ola de indignación, lo que llevó a 22 fiscales generales del partido demócrata y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes a impugnar su constitucionalidad.

La impugnación se basó en que esta medida viola la cláusula de ciudadanía en la Enmienda Decimocuarta de la Constitución estadounidense, que siempre se ha interpretado como que otorga la ciudadanía a todos los que nacen dentro de Estados Unidos, independientemente del estatus de sus padres.

La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, había emitido un fallo controvertido el 27 de junio pasado que limita el poder de los jueces federales para emitir órdenes judiciales amplias que bloqueen las políticas del presidente a nivel nacional.

Sin embargo, este fallo incluyó excepciones, permitiendo a algunos jueces emitir decisiones que detienen la ejecución de órdenes específicas, como la orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento.

Con esta decisión, este es el cuarto tribunal federal que detiene la ejecución de la orden de Trump, lo que refleja la magnitud de la resistencia legal amplia que enfrenta en sus intentos de reformar las políticas de inmigración y ciudadanía en Estados Unidos.