Diputados libaneses presentan una queja contra Naeem Qassem tras sus controvertidas declaraciones

En un paso notable que tiene dimensiones políticas y judiciales, un número de diputados y figuras prominentes libanesas presentaron hoy una queja penal directa contra el vice secretario general de "Hezbollah", el jeque Naeem Qassem, debido a declaraciones consideradas "incitadoras" y "amenazantes para la paz civil" y "contrarias a las decisiones de la autoridad constitucional".

Los diputados Elias Khoury, Ashraf Rifi, Camille Chamoun, George Adwan, junto con el exdiputado Eddie Abi Lamaa, y el presidente del movimiento "Cambio", el abogado Eli Mahfoud, se dirigieron al Palacio de Justicia en Beirut, donde presentaron la queja ante el fiscal general de apelaciones, el juez Jamal Al-Hajjar, y fue registrada en el registro de la fiscalía de apelaciones.

Las figuras firmantes de la queja asumieron la calidad de acusación personal contra Naeem Qassem, además de todos aquellos que la investigación determine como autores, cómplices, intervinientes o incitadores, esto tras declaraciones recientes de Qassem, en las que advirtió sobre "una sedición que podría llevar a una guerra civil amplia" si se desarma a "Hezbollah", considerando que el gobierno libanés está llevando a cabo una agenda "estadounidense-israelí" que busca eliminar lo que él describió como "la resistencia".

El diputado George Adwan pronunció un discurso en nombre de los que presentaron la queja, en el que dijo:

"Recurrir a la justicia es el camino para proteger las decisiones del gobierno libanés. Confiamos en que la justicia seguirá su curso, y que el poder judicial seguirá siendo el garante de las libertades públicas y la paz civil".

Por su parte, el diputado Ashraf Rifi enfatizó que:

"El papel iraní en la región ha terminado. La respuesta a las declaraciones de Qassem llegó a través de un plan constitucional que afirma que el estado une, mientras que el estado paralelo divide".

Asimismo, el abogado Eli Mahfoud aclaró que lo que se presentó:

"No es solo un aviso, sino una queja directa en calidad de acusadores personales contra Naeem Qassem, porque sus declaraciones representan una amenaza directa a la unidad del país y a su autoridad constitucional".

El aumento de la acción judicial se produjo tras la gran controversia que generaron las declaraciones de Qassem, en las que vinculó cualquier intento de desarmar a "Hezbollah" con el estallido de una guerra civil, y consideró que el gobierno está llevando a cabo "un proyecto estadounidense-israelí".

Esto en un momento en que el gobierno libanés, encabezado por Nawaf Salam, encargó al ejército libanés la restricción de las armas solo en manos del estado, lo que provocó una fuerte oposición de "Hezbollah".

"Hablar de que el gobierno está llevando a cabo un proyecto estadounidense-israelí es un discurso infundado. Nuestras decisiones son puramente libanesas, se toman en el Consejo de Ministros, y nadie nos las impone".

Y añadió:

"El Acuerdo de Taif es nuestro pacto nacional, y establece claramente la autoridad del estado libanés sobre todo su territorio con sus propias fuerzas".

La acción judicial se produce en un contexto de creciente tensión política y de seguridad en Líbano, en medio de crecientes presiones internacionales sobre el gobierno para cumplir con el Acuerdo de Taif y ejecutar la resolución 1701, que llama a desarmar a los grupos armados fuera del marco del estado.

Mientras el gobierno considera que restringir las armas en manos del estado es un paso hacia la estabilización, "Hezbollah" ve esto como una amenaza a su resistencia y un preludio a un conflicto interno.

Este desarrollo abre la puerta a un enfrentamiento legal sin precedentes entre diputados en el parlamento libanés y "Hezbollah", en un momento en que las miradas se dirigen a la posición del poder judicial y su capacidad para manejar este delicado asunto en medio de las complejas dinámicas sectarias y políticas en el país.