Escándalo financiero sacude "la ciudad nueva" ... y la autoridad de supervisión agarra los hilos de la corrupción.

En una nueva operación de lucha contra la corrupción, la Autoridad de Control Administrativo logró capturar al jefe de un organismo de una ciudad nueva, después de verse implicado en recibir sobornos financieros por un valor de aproximadamente tres millones de libras de algunos contratistas a quienes se les asignaron proyectos bajo su supervisión, habiendo pasado por alto violaciones graves en la recepción de las obras ejecutadas.

De inmediato, el caso fue presentado al fiscal general, quien emitió una orden de arresto urgente contra los acusados y los remitió a la fiscalía competente para la investigación.

Además, la Autoridad, en coordinación con los responsables del Ministerio de Vivienda, suspendió cualquier pago pendiente por trabajos irregulares, además de establecer un comité para revisar todos los proyectos asignados a esas empresas, con el fin de garantizar que tales violaciones no se repitan en el futuro.

Este incidente se suma a una serie de casos de corrupción revelados por la Autoridad de Control Administrativo en los últimos meses, habiendo arrestado previamente a 18 funcionarios de la aerolínea nacional, por su participación en el desvío de un millón de dólares de divisas recaudadas de los pasajeros en las rutas de la compañía.

Además, la Autoridad logró capturar a varios funcionarios de Solidaridad Social en varias provincias, después de aprovechar los privilegios otorgados a personas con discapacidades, y manipular los procedimientos de importación de automóviles a favor de personas no elegibles, mediante la falsificación y facilitación del desvío de fondos públicos a cambio de sobornos.

La Autoridad de Control Administrativo continúa desempeñando su papel vital en la lucha contra la corrupción en todas sus formas, al ser la entidad responsable de proteger los fondos públicos y garantizar la integridad de las instituciones gubernamentales, tomando medidas decisivas contra cualquier persona que se demuestre que está implicada en cualquier irregularidad que afecte la economía nacional o los derechos de los ciudadanos.