La Universidad de Columbia anunció ayer, miércoles 24 de julio, que pagará 221 millones de dólares para resolver disputas con la administración del presidente Donald Trump, que abrió investigaciones contra la universidad por presuntas fallas en la lucha contra la antisemitismo durante protestas a favor de los palestinos en su campus el año pasado.
Según el acuerdo, se restituirán la mayoría de las subvenciones federales suspendidas o canceladas en marzo de 2025, asegurando que la universidad recupere miles de millones de dólares en financiamiento que estaban en peligro.
Además, la universidad se comprometió a cumplir con las leyes federales contra la discriminación, rechazando considerar la raza en los procesos de admisión y contratación.
El comunicado oficial indicó que la universidad pagará 200 millones de dólares durante tres años, además de 21 millones de dólares para cerrar las investigaciones realizadas por el Comité de Igualdad de Oportunidades Laborales, lo que le permitirá hacer frente a las presiones financieras que enfrenta.
Cabe mencionar que la expresidenta de la universidad, Minouche Shafik, renunció en agosto pasado después de ser interrogada sobre su manejo de las manifestaciones en el campus, que incluyeron enfrentamientos entre manifestantes pro palestinos y las fuerzas de seguridad, así como acusaciones de intimidación hacia algunos estudiantes judíos.
El acuerdo, en el que la universidad no reconoció ninguna violación, podría sentar un precedente para acuerdos similares en el futuro con otras universidades, como Harvard, que enfrentan un conflicto similar con la administración anterior.
La directora interina de la universidad, Claire Shipman, afirmó que este acuerdo es un paso importante para restablecer la cooperación con el gobierno federal y proteger la independencia de la universidad, un requisito fundamental para la excelencia académica y la investigación científica.
Según informes de prensa, el acuerdo también incluye el refuerzo de las medidas de seguridad dentro del campus y la prohibición de protestas que puedan interrumpir el estudio, así como un mayor control sobre los estudiantes extranjeros y la notificación a las autoridades gubernamentales sobre cualquier acción disciplinaria tomada contra ellos.
Esta resolución pone fin a un período de auditoría federal continua y presiones institucionales, devolviendo la esperanza a la Universidad de Columbia de recuperar su posición financiera y académica en medio de un ambiente tenso que han experimentado las universidades estadounidenses debido a conflictos políticos y sociales.