La organización "Archivos de César" advierte sobre la impunidad de los criminales de guerra y afirma: "La justicia es un requisito fundamental para la estabilidad".
La organización "Archivos de César por la Justicia" expresó su firme rechazo a las recientes decisiones de la autoridad de transición en Damasco, que incluyen la liberación de implicados en crímenes de guerra y otorgarles roles sociales, en un comunicado emitido en respuesta a la conferencia de prensa celebrada por Hassan Soufan (miembro del Comité de Paz Civil) y un representante del Ministerio del Interior ayer martes 10 de junio actual.
La organización advirtió que "la justicia no es un fruto que llega después de la estabilidad, sino su condición primera y fundamental", considerando que promover la idea de "posponer la justicia a favor de la estabilidad" es un engaño peligroso que amenaza los cimientos de la nueva Siria, y reproduce violaciones bajo nuevas denominaciones.
La organización reafirmó su oposición a cualquier intento de "absolver o blanquear a aquellos involucrados en crímenes de guerra o graves violaciones contra civiles", ya sea dándoles cargos públicos o presentándolos como símbolos de reconciliación. Y enfatizó que "quienes derramaron la sangre de los sirios no pueden ser presentados como caras de la paz civil", advirtiendo contra minimizar el sufrimiento de las víctimas o borrar crímenes pasados bajo excusas políticas.
"Archivos de César" consideró que la reciente conferencia de prensa "no contribuyó a calmar la opinión pública, sino que profundizó los sentimientos de preocupación y enojo entre las víctimas y sus familias", señalando el fracaso de la autoridad en leer "el estado de ánimo social que exige justicia y rendición de cuentas, no acuerdos simbólicos".
La organización expresó su preocupación por "la desviación de la autoridad de transición de los principios de justicia declarados", especialmente con "la ignorancia de demandas básicas de derechos, como la rendición de cuentas de los criminales, la revelación del paradero de los desaparecidos y la justicia para las víctimas de tortura". Y afirmó que la respuesta de la autoridad a estos asuntos es "el verdadero criterio de su compromiso con la justicia".
La organización instó a establecer "un marco legal integral que garantice la rendición de cuentas de todos los responsables de violaciones", como parte de un plan nacional claro que priorice la justicia, no como una opción secundaria. También destacó el papel de la sociedad civil en "monitorear el proceso de transición y garantizar que no se pasen por alto los crímenes del pasado".
La organización concluyó su declaración reafirmando que "cualquier camino que cierre la página de los crímenes sin rendición de cuentas es una negación del derecho del pueblo sirio a la justicia", enfatizando que "la justicia no es una opción política, sino un derecho histórico del que no se puede prescindir".
