Trump deporta a 5 inmigrantes a Suazilandia después de que sus países rechazaran recibirlos
July 16, 202544 VisitasTiempo de lectura: 2 minutos
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En un movimiento controvertido, la administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció ayer martes que deportó a cinco inmigrantes no documentados a el Reino de Suazilandia, el pequeño país ubicado en el sur del continente africano, que es la última monarquía absoluta en el continente.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. explicó en una publicación en la plataforma "X" que la deportación se realizó "aéreamente a un tercer país que es Suazilandia", después de que los países de origen de los inmigrantes rechazaran recibirlos.
Los inmigrantes deportados son de nacionalidades vietnamita, laosiana, yemení, cubana y jamaiquina, y las autoridades los describieron como "extranjeros criminales que residen ilegalmente" en los Estados Unidos.
Esta no es la primera vez que Washington lleva a cabo deportaciones a países de "terceros".
El 4 de julio, Estados Unidos deportó a 8 inmigrantes no autorizados a Sudán del Sur, después de una larga batalla legal que terminó con una decisión de la Corte Suprema permitiendo la deportación.
Las nuevas decisiones forman parte de la estricta política migratoria de Trump, que la convirtió en una prioridad durante su presidencia, reiterando sus comentarios sobre la "invasión" de Estados Unidos por parte de "criminales extranjeros", según sus declaraciones.
Sin embargo, esta política ha enfrentado numerosos obstáculos legales, ya que las decisiones judiciales han ralentizado las deportaciones masivas, especialmente en casos donde los deportados podrían estar en peligro o tener derecho a solicitar asilo.
Suazilandia, que recibió a los deportados, está gobernada por una monarquía absoluta bajo el liderazgo del rey Mswati III desde 1986, y ha sido criticada constantemente por organizaciones de derechos humanos debido a amplias violaciones, monopolio del poder y la riqueza.
La decisión de deportar inmigrantes a este país plantea interrogantes legales y éticos, especialmente dadas sus condiciones políticas y de derechos humanos, mientras la administración de Trump continúa avanzando en sus planes para fortalecer el control sobre la inmigración, incluso si eso implica deportar a personas a países a los que no pertenecen.
