La Red Siria de Derechos Humanos exige justicia para las víctimas de las violaciones en el campo de Latakia y el control de las operaciones de seguridad.
La "Red Siria de Derechos Humanos" ha hecho un llamado urgente para responsabilizar a los responsables de las violaciones que acompañaron la campaña de seguridad en el campo de Latakia, que resultó en la muerte de civiles y la destrucción de propiedades, tras el ataque armado al centro de correos de Dalia a principios de junio.
La crisis estalló después de que el centro de correos de Dalia en el campo de Yabla fuera atacado por desconocidos armados la mañana del miércoles 4 de junio, lo que llevó a las fuerzas de seguridad interna a lanzar una amplia operación de búsqueda que incluyó los pueblos de Dalia, Beit Ana y los alrededores, bajo un toque de queda inmediato.
La operación de seguridad resultó en la muerte de tres civiles, incluido el joven Issam Hassan Sharouf de la aldea de Batmush, quien fue asesinado a tiros por las fuerzas de seguridad mientras se encontraba en un área boscosa cerca de su pueblo durante el toque de queda. Dos civiles más perdieron la vida al día siguiente durante las operaciones de búsqueda, sin pruebas de su implicación en actos de violencia.
Además, el abogado Radoan Al-Ahmad y su hermano, el médico Wisam Al-Ahmad, fueron detenidos en el pueblo de Dalia sin notificación oficial ni revelación de su lugar de detención, lo que genera temores de un arresto arbitrario.
La red también documentó actos de violencia material contra propiedades privadas, donde las fuerzas de seguridad incendiaron seis casas y cinco autos civiles, además de confiscar otras seis vehículos pertenecientes a los habitantes de la zona, en acciones descritas por la red como una flagrante violación de los derechos civiles.
En su informe, la red afirmó que estos eventos constituyen una clara violación del derecho internacional, señalando que los asesinatos indiscriminados violan el Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el derecho a la vida, mientras que la detención sin procedimientos legales constituye una violación del Artículo 9 del mismo pacto. La destrucción de propiedades privadas también contraviene el Artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que garantiza el derecho a la propiedad.
La red instó al gobierno de transición a abrir una investigación independiente e imparcial sobre todas las violaciones que acompañaron la campaña de seguridad, revelar el paradero de los secuestrados y garantizar la rendición de cuentas de los implicados. También solicitó la implementación de un código de conducta que defina las pautas para las acciones de las fuerzas de seguridad durante las operaciones de campo, asegurando su compromiso con los estándares de derechos humanos.
La red enfatizó la importancia de compensar a las ví
