Declaración del líder espiritual de la secta alauita en Siria critica el comité de investigación de violaciones en la costa

En una declaración emitida hoy, el jeque Ghazal Ghazal, representante de la autoridad espiritual de la secta alauita en Siria, acusó al comité de investigación de violaciones en la costa siria de "parcialidad y embellecimiento de los crímenes", rechazando reconocer sus resultados, describiéndolo como "una herramienta para justificar la violencia y encubrir a los perpetradores".
La declaración enfatizó la necesidad de establecer "comités de investigación internacionales independientes para examinar las violaciones cometidas contra civiles", negando la existencia de lo que se llama "remanentes del régimen derrocado", y considerándolo como "una excusa fabricada". También responsabilizó al "sistema terrorista" de los intentos de desintegrar la sociedad siria, afirmando que "el destino de la secta alauita es parte integral del destino de Siria".
La declaración llamó a establecer un "sistema descentralizado o federal basado en una constitución de consenso", considerando que "la solución política justa es el único camino para poner fin al sufrimiento de los sirios". También pidió la liberación de los detenidos y responsabilizar a los culpables de "crímenes y masacres", instando a la comunidad internacional a "actuar y presionar por una solución política integral".
Además, advirtió que la continuación de la situación actual "conducirá a un colapso general y amenazará la unidad geográfica de Siria", afirmando que "aferrarse a los principios nacionales y a la unidad de palabra y paciencia" es la mejor opción.
Esta declaración se produce días después de que el comité de investigación de los hechos en la costa siria anunciara los resultados de su informe final durante una conferencia de prensa en Damasco, donde afirmó que había entregado el informe completo a la presidencia.
La investigación cubrió las provincias de Latakia, Tartus y Hama, y documentó violaciones ocurridas desde principios de marzo de 2025, visitando 33 sitios y documentando 938 testimonios de testigos, incluidas familias de víctimas y detenidos. El informe reveló ataques coordinados el 6 de marzo que apuntaron a instalaciones de seguridad y militares, resultando en la muerte de 238 miembros del ejército y las fuerzas de seguridad, incluidos aquellos "desarmados y asesinados mientras eran prisioneros o heridos".
También señaló la destrucción de 6 hospitales y el ataque a civiles, a lo que el gobierno respondió enviando fuerzas para retomar el control, pero el contraataque tuvo excesos, resultando en 1426 muertes, la mayoría civiles, incluidas 90 mujeres. El informe sugirió que algunas víctimas cayeron durante "redadas aleatorias o vengativas".