Abogados y organizaciones de derechos humanos han acusado a la administración del presidente estadounidense Donald Trump de deportar a unos 12 inmigrantes de diferentes nacionalidades, incluyendo de Myanmar y Vietnam, al sur de Sudán, en violación directa de una orden judicial emitida por un tribunal federal que prohíbe la deportación de inmigrantes a países que no son sus países de origen sin darles la oportunidad de apelar judicialmente.
Los abogados han presentado documentos que confirman estas violaciones ante un tribunal en Boston, señalando que la administración ha pasado por alto los procedimientos legales obligatorios que garantizan la protección de los inmigrantes de ser deportados a lugares donde podrían ser torturados o perseguidos.
En un contexto relacionado, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, anunció que el número de visas canceladas por Estados Unidos podría ascender a miles, enfatizando que otorgar una visa no es un derecho sino un privilegio.
Se refirió a los esfuerzos continuos para imponer restricciones a los titulares de visas acusados de apoyar a Hamas o criticar a Israel, calificando sus posturas como una amenaza a la política exterior estadounidense.
Estas acciones han generado amplias críticas de organizaciones civiles que consideran que las medidas constituyen una grave violación de la libertad de expresión y una violación de la Constitución estadounidense, especialmente después de la detención de una estudiante turca durante semanas por participar en un artículo crítico sobre la postura de su universidad hacia la guerra en Gaza. El tribunal ordenó su liberación posterior bajo fianza.