Una decisión judicial prohíbe a la administración de Trump expulsar a los estudiantes extranjeros de Harvard.

En una gran victoria judicial para la Universidad de Harvard, una jueza federal estadounidense anunció la extensión de la orden que impide a la administración del presidente estadounidense Donald Trump revocar los poderes de la universidad para inscribir a estudiantes extranjeros. La decisión llega en un momento delicado, ya que miles de estudiantes se están graduando de la prestigiosa universidad ubicada en Boston, que ha estado enfrentando una intensa campaña por parte de la administración estadounidense desde hace meses. La jueza Alison Burroughs declaró que tiene la intención de emitir una orden judicial preliminar amplia para mantener el estado actual, luego de que previamente Harvard recibiera una orden temporal que detuvo las acciones federales. Esto coincide con la retirada temporal del gobierno de la implementación de la revocación, otorgando a la universidad un plazo de 30 días para apelar administrativamente. La administración Trump había lanzado un ataque de múltiples frentes contra la universidad, que incluyó la congelación de subvenciones financieras por miles de millones de dólares, la apertura de investigaciones sobre discriminación en el empleo, amenazas de revocar exenciones fiscales, y acusaciones de antisemitismo y colaboración con el Partido Comunista Chino, sin presentar pruebas según la universidad. El Secretario de Estado Marco Rubio anunció días atrás el inicio de una campaña para retirar visas a estudiantes chinos, lo que generó frustración entre los estudiantes extranjeros, que constituyen más de una cuarta parte de los estudiantes de Harvard y el 60% de los estudiantes de la Escuela de Posgrado Kennedy. La jueza Burroughs, designada por el expresidente Barack Obama, cuestionó las intenciones de la administración y durante la sesión dijo: "¿No volveremos al mismo punto?" en referencia a la posibilidad de repetir las mismas acciones una vez finalizado el plazo. Por su parte, Harvard argumentó que la decisión viola la libertad de expresión y los procedimientos legales que le corresponden según la Constitución estadounidense, considerando que el ataque forma parte de la presión política sobre las instituciones de educación superior para someterlas a la agenda de la administración.