Obstáculos legales obstaculizan la entrega de cientos de prisioneros sirios de Líbano a Damasco

Un funcionario de la administración penitenciaria libanesa reveló que los esfuerzos para entregar cientos de prisioneros sirios al gobierno sirio se han estancado, a pesar de que el Comité Judicial-Seguridad Conjunto (formado por los Ministerios del Interior y de Justicia) ha completado sus expedientes en preparación para ello, debido a obstáculos legales que impiden avanzar en el proceso de entrega.
El informante afirmó, según el diario "Al-Sharq al-Awsat", que la ley libanesa "no permite la entrega de ningún detenido a menos que haya una sentencia judicial definitiva en su contra", señalando que aquellos detenidos que no han sido juzgados o acusados de cometer delitos contra ciudadanos libaneses en suelo libanés, "no están sujetos a ninguna orden de entrega en este momento".
El informante explicó que Líbano y Siria están vinculados por acuerdos judiciales, incluido un acuerdo de extradición de buscados que permite la entrega de delincuentes en base a órdenes judiciales, pero señaló la "falta de un acuerdo específico para la entrega de condenados", lo que requiere la firma de un nuevo acuerdo entre los Ministerios de Justicia de ambos países y su envío al Parlamento libanés para su aprobación. Si se aprueba, alrededor de 370 prisioneros sirios condenados que cumplen sus penas en Líbano podrían ser entregados.
El número de prisioneros sirios en Líbano supera los 2100, lo que representa aproximadamente el 30% de la población carcelaria total, según estimaciones de seguridad. Entre ellos, 1756 están detenidos en cárceles centrales, mientras que se han emitido sentencias definitivas contra alrededor de 350 más. Los cargos contra muchos de ellos están relacionados con "terrorismo", "pertenencia a facciones armadas" o "ataques contra instalaciones militares libanesas".
Por otro lado, una fuente judicial señaló que el acuerdo de cooperación judicial entre los dos países firmado en 1951 sigue siendo formalmente válido, pero su implementación requiere solicitudes individuales para cada caso, con la condición de que el crimen no sea político o cometido en suelo libanés. También destacó que el Comité de Coordinación Conjunta entre los dos países "se disolvió después del colapso del régimen de Assad", sin un reemplazo designado, lo que ha obstaculizado los canales oficiales de coordinación.
A pesar de que el gobierno sirio ha negado su intención de tomar medidas escalatorias (como el cierre de pasos fronterizos) debido al estancamiento del proceso de entrega, el asunto sigue siendo una fuente potencial de tensión entre los dos países. Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores libanés, Yusef Raggi, negó haber recibido alguna notificación oficial de Damasco sobre una próxima visita del Ministro de Relaciones Exteriores sirio, Asaad al-Shibani, o cualquier nota diplomática sobre una escalada por parte del presidente sirio, Ahmed al-Shar'a.
Raggi había propuesto simplificar los procedimientos mediante la preparación de una lista detallada con los nombres de los detenidos y los cargos en su contra, y clasificar a aquellos que cumplen con las condiciones de entrega, pero esta propuesta "aún no se ha implementado".
La entrega enfrenta complicaciones que van más allá del marco legal, ya que la entrega de detenidos anteriormente afiliados al "Ejército Libre Sirio" o acusados de atacar al ejército libanés plantea sensibilidades políticas y de seguridad. Las autoridades libanesas temen violar las garantías legales de los detenidos, lo que mantiene el asunto en un punto muerto.
Mientras resolver este asunto es un paso importante para aliviar la sobrepoblación carcelaria y mejorar las relaciones judiciales entre los dos países, el progreso sigue dependiendo de una clara voluntad política, en medio de la falta de mecanismos de coordinación efectivos y la divergencia de opiniones sobre el destino de los detenidos.